La lucha profesional y de vida de la tecnóloga médica, ha sido el uso cámara hiperbárica en la salud pública del Hospital Barros Luco, instalada hace una década gracias a un convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Chile. Esta ha beneficiado a pacientes con pie diabético, heridas crónicas, secuelas de radioterapia e incluso enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, hoy enfrenta una posible suspensión por decisión del decanato de la Facultad de Medicina, sin explicaciones formales ni instancias de diálogo con el equipo que la opera. Y Gabriela, no piensa bajar los brazos.

Escriben para LauaL: Camila Morales y Marisol Olivares.

A unas cuadras del metro y rodeado de hospitales, el barrio donde se ubica la Facultad de Medicina Campus Sur de la Universidad de Chile parece vivir a un ritmo distinto. Es lunes, cerca de las cuatro de la tarde. Afuera, un par de estudiantes cruzan con mochilas y batas blancas. Los pasillos, silenciosos, conducen hasta una sala amplia y luminosa donde un objeto imponente domina la escena: una cápsula metálica de paredes blancas y mandos rojos que bien podría parecer un submarino. Es la cámara hiperbárica, cuya tecnología usa consiste en entregar una terapia que usa oxígeno a alta presión para acelerar la recuperación y regenerar tejidos dañados.

Allí se encuentra Gabriela Muñoz –tecnóloga médica y defensora incansable de la medicina hiperbárica– ha pasado gran parte de las últimas dos décadas defendiendo una estrategia en salud pública que describe fácilmente como “el mentolatum, el oxígeno sirve para sanar todo”. Gabriela, habla con ritmo pausado, pero su voz se enciende cuando explica la técnica que defiende.

La casualidad que ha salvado vidas

Dentro de la cámara, el espacio es más amplio de lo que sugiere desde fuera. Caben diez asientos, con mascarillas listas para suministrar oxígeno a tres atmósferas de presión. Sobre un rincón descansan un par de pelotas de ejercicio y pesas pequeñas, huellas de sesiones pasadas. La cámara está silenciosa, pero Gabriela la recorre como quien conoce cada válvula, cada sonido. No hay pacientes hoy, pero la presencia de la máquina transmite la sensación de que, en cualquier momento, podría comenzar una sesión capaz de mejorar una vida.

“Esto empezó por casualidad”, cuenta, acomodándose en uno de los asientos de la cámara. Un familiar la llevó a conocer un proyecto en Quillota, ideado por un mecánico curioso por entender los efectos de inhalar oxígeno presurizado. Lo que vio ese día —un avión adaptado como cámara— despertó una curiosidad que no se apagaría. “Yo no entendía nada, pensé que íbamos a volar”, recuerda sonriendo. Poco después, bajo la guía de mentores como el doctor Allan White y el doctor Pablo Lavín, Gabriela comprendió el potencial de esta técnica y se volcó a difundirla y aplicarla. Se transformó en la voz más fuerte en promover su uso para salvar vidas y acelerar el proceso de recuperación de enfermedades, lo que significa el ahorro de millones de pesos en gastos para la salud pública. La premisa es sencilla: si un paciente sana antes, el tratamiento es más corto y el Estado debe desembolsar menos dinero a largo plazo.

Desde entonces, Gabriela ha sido testigo de recuperaciones que justifican horas de trabajo y la emocionan: un niño de cuatro años con graves problemas de cadera, que tras 160 sesiones recuperó la movilidad plena. Un paciente con Parkinson que llegó en silla de ruedas y, después de nueve sesiones, volvió a caminar y tocar el piano. Personas con heridas crónicas, pies diabéticos y secuelas de cáncer que, después de solo semanas de tratamiento, recuperan funciones perdidas y, con ellas, proyectos de vida. “Ver cómo los pacientes se restauran y se sienten bien, es lo que a mí realmente me ha permitido y me ha empujado a seguir”, señala Muñoz.

La lucha por dar acceso

La medicina hiperbárica, explica el ginecólogo Pablo Lavín, funciona porque el oxígeno, bajo alta presión, no solo viaja en los glóbulos rojos, sino que se disuelve en el plasma y llega a tejidos dañados, favoreciendo su reparación. Esta terapia cuenta con cobertura estatal en países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Canadá, Alemania y España, generalmente para su uso en problemas graves como intoxicación por monóxido de carbono, pie diabético complicado, lesiones por radiación, gangrena gaseosa, embolia gaseosa e infecciones necrosantes En Asia — Japón, China y Corea del Sur — su uso en salud pública también considera afecciones como neuralgias, cefaleas, y otras condiciones reumáticas. En América Latina, salvo casos puntuales como Cuba o convenios hospitalarios en Brasil y Argentina la cobertura es escasa. En Chile, aún se lucha por el reconocimiento: “No está en los programas de estudio de Medicina y muchos médicos nunca han escuchado de ella”, agrega el médico.

Ese desconocimiento y falta de respaldo institucional está hoy en el centro de un conflicto que amenaza con cerrar la cámara del Barros Luco. La actual directiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile inició un estudio de evaluación cuyo contenido no ha sido informado al equipo, y que implica suspender su funcionamiento por tres meses. No hubo reuniones previas, ni citaciones formales, ni explicaciones por escrito.

En 2024, Fonasa destinó 70 millones de pesos para tratar a 120 pacientes derivados del sistema público. Sólo cinco alcanzaron a recibirlo. Los otros 115 nunca sabrán que tenían acceso a una terapia que podría haber cambiado su calidad de vida. Para Gabriela, la medida es incomprensible, “somos una universidad pública que está obligada a ponerse al servicio de las políticas públicas de este país. Logramos un convenio y no hacemos nada. Es muy triste”, lamenta Muñoz.

En su voz, la indignación se mezcla con tristeza. “No ha habido ni una posibilidad de diálogo, fue una cuestión absolutamente autoritaria”, lamenta Muñoz. Lavín añade que “la autoridad tomó abruptamente una decisión y no nos cuenta por qué la está tomando. Eso es violencia”. El equipo teme que detrás haya intereses por el uso del espacio físico más que por el funcionamiento de la cámara, ya que en el mismo recinto se realizan otras actividades docentes y asistenciales.

Gabriela sabe que el futuro es incierto. Las órdenes ya circulan para no recibir nuevos pacientes. Sin embargo, se mantiene en pie, apoyada por colegas, pacientes y recuerdos de vidas cambiadas. “No puedo contarles a los pacientes lo que pasa, porque vienen buscando ayuda”, dice. Lavín agrega, “el objetivo de esta cámara no es hacer dinero, sino prestar apoyo a un grupo importante de la población que no puede acceder a este tipo de terapias porque los costos son muy altos”. En el sector privado, el costo de una sesión de medicina hiperbárica en una cámara portátil como la Clínica La Parva es de $25.000, cuyos beneficios son menores que los de una máquina con las características que tiene la del Barros Luco. En el Centro Integral de Oxigenación Hiperbárica, que cuenta con una cámara con tecnología más avanzada con capacidad para 10 pacientes es de $49.500 por sesión y $55.000 para pacientes con TEA. Es decir, si los padres de ese niño de cuatro años que llegó a manos de Gabriela con graves problemas de cadera, hubiesen tenido que pagar las 160 sesiones que le facilitaron la movilidad plena, hubieran tenido que pagar al menos $9 millones.

El apoyo de los pares y silencio de decanato

Afuera, el barrio sigue su rutina, pero aquí dentro el aire parece más denso. El cierre no es solo la clausura de un espacio físico; es, para Gabriela, la interrupción de tratamientos que pueden significar la diferencia entre amputar o salvar una pierna, entre vivir postrado o volver a caminar, entre una vida limitada por el dolor y otra recuperada.

“Nadie te escucha. Las decisiones han venido al revés, desde arriba, como órdenes, y siempre por canales informales”, insiste. En su memoria se agolpan nombres y rostros: el paciente que dejó de sangrar después de años por una vejiga dañada por radioterapia; el hombre que volvió a tocar el piano; el paciente con pie diabético que evitó una amputación.

Sentado a un costado de la cámara, el doctor Lavín asiente. Sabe que en esa cápsula blanca caben más que nueve asientos: caben historias que se reescriben gracias al oxígeno, caben ahorros hospitalarios que alivian listas de espera, caben décadas de trabajo académico y clínico que podrían desaparecer con una sola resolución administrativa.

La situación ha generado apoyo público de parte de la Asociación de Académicas y Académicos de la Facultad de Medicina y de los claustros del Campus Sur. En una declaración pública denunciaron “prácticas autoritarias que atentan contra la dignidad de académicas y académicos” y señalaron que la destitución de Gabriela Muñoz de la dirección del consultorio Luis Hervé “transgrede las normas mínimas de convivencia universitaria y la ética que directivos administrativos y autoridades deben mantener”. Los y las profesionales buscan lo que en meses no ha sucedido: que el decano dialogue directamente con los claustros, explique las razones de las medidas adoptadas y considere sus propuestas para resguardar la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad.

El documento también destaca que su trabajo permitió acreditar un centro asistencial docente y poner en funcionamiento la cámara hiperbárica, “un recurso que actualmente beneficia a pobladores de la zona sur y cuenta con recursos del Ministerio de Salud para ampliar su cobertura”. Para los firmantes, la suspensión de la atención a pacientes derivados por convenio “no privilegia el diálogo académico” y representa un retroceso en el aporte que este espacio ha hecho históricamente a la salud pública.

Más allá de lo técnico, el equipo siente que el verdadero golpe es humano e institucional. La falta de un espacio formal de conversación no solo frustra a los profesionales, sino que pone en riesgo un servicio público único en el país. “Aquí no hay interés personal ni económico, solo queremos que se cumpla el principio por el que se instaló esta cámara”, concluye Muñoz.

En el silencio de la cámara hiperbárica, la lucha de Gabriela parece resistir en cada asiento vacío. Veinte años de trabajo están en juego, y no piensa bajar los brazos. Hasta que sus pacientes y los que vendrán, vuelvan a tener el derecho a sanar con oxígeno.

Nota secundaria

La respuesta de decanato y sus contradicciones

Consultado por Laual, el Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se limitó a entregar una declaración pública que ya había sido enviada previamente a los funcionarios. En ella se afirma que la suspensión de la Cámara Hiperbárica es solo “temporal”, destinada a una evaluación técnica y académica, y que responde a la falta de un “equipo académico especializado” que asegure el respaldo disciplinar del programa.

Sin embargo, el comunicado omite un punto central: suspender sin alternativas significa interrumpir de inmediato tratamientos ya planificados. En la práctica, esto constituye un daño directo a pacientes que dependen de la cámara como complemento terapéutico, especialmente en un contexto de salud pública donde cada día cuenta.

La declaración también contradice la realidad interna de la unidad. Aunque la Facultad sostiene que no se consolidó un equipo académico, lo cierto es que la tecnóloga médica Gabriela Muñoz, con más de 20 años de trayectoria en el área, y el doctor Lavín, especialista que ha impulsado el desarrollo clínico de la hiperbárica en el Campus Sur, han liderado un trabajo reconocido tanto a nivel nacional como en la formación de nuevos profesionales. A su lado, existen equipos formados y en formación que han sostenido la práctica y la docencia, lo que demuestra que ese “respaldo disciplinar” ya existe.

Otro punto de tensión está en el rol público de la Universidad de Chile. Mientras el comunicado se escuda en la misión universitaria y los “estándares académicos”, la propia casa de estudios firmó convenios con Fonasa y el Ministerio de Salud para financiar y ampliar esta tecnología, justamente para atender a pacientes vulnerables. Suspender el servicio no solo contradice esa misión, sino que retrocede en un campo donde la universidad ya había logrado reconocimiento y cobertura.

El texto oficial además resalta la apertura de nuevas infraestructuras, como el Centro de Investigación Clínica Avanzada (CICA), y habla de “una nueva etapa de desarrollo” del Campus Sur. Para los profesionales que se dedican a la medicina hiperbárica, “ en los hechos, cerrar una cámara acreditada y operativa —sin ofrecer un sustituto inmediato— no es un avance, sino un retroceso que deja a cientos de usuarios sin atención”.

Finalmente, la declaración afirma que busca aclarar “informaciones imprecisas” que circulaban en el campus. Pero no entrega criterios claros sobre la evaluación, razones concretas de la suspensión y por qué los equipos académicos no fueron consultados previamente.

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